Radicación con datos de las partes, hechos, pretensiones, cuantía estimada y relación de pruebas.

Nombramiento del profesional de la lista oficial del Centro y revisión formal de suficiencia de la información.

Convocatoria oficial a las partes indicando objeto, fecha, hora y modalidad de realización de la audiencia.

Desarrollo de la sesión de negociación estructurada guiada por el conciliador neutral.

Emisión del Acta de Conciliación (si hay acuerdo) o Constancias de ley (no acuerdo o inasistencia).

Inscripción del resultado del caso en el Sistema de Información del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Si la parte convocada no asiste a la audiencia sin justificación válida, el conciliador expide una constancia de inasistencia que tiene valor legal y puede ser usada en un proceso judicial posterior. En muchos casos, este documento motiva a la contraparte a reconsiderar su posición.

Sí. El Acta de Conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, lo que significa que si una de las partes incumple lo acordado, la otra puede iniciar directamente un proceso ejecutivo ante un juez sin necesidad de volver a litigar el fondo del asunto.

El proceso puede resolverse en una sola audiencia. Desde la radicación de la solicitud hasta la celebración de la audiencia, el plazo legal máximo es de tres meses, aunque en MASC Caribe procuramos agotar los trámites en el menor tiempo posible según la disponibilidad de las partes.

Presentación formal de la solicitud adjuntando los anexos exigidos por la ley (relación completa de deudas, bienes e ingresos).

Verificación del cumplimiento de requisitos por el Centro y nombramiento del conciliador experto.

Notificación formal del inicio del trámite a la totalidad de acreedores y juzgados correspondientes para decretar la suspensión de cobros.

Mesas conjuntas de negociación para proponer y votar un plan de salvamento o acuerdo de pagos realista.

Firma del Acuerdo de Pago vinculante o, en su defecto, remisión ordenada a liquidación patrimonial.

Radicación formal del conflicto ante el Centro, anexando el contrato original que contenga el pacto arbitral o la cláusula compromisoria correspondiente.

Designación y posesión de los árbitros idóneos y del secretario del tribunal, de acuerdo con las cuantías y la especialidad del caso.

Se intenta una conciliación inicial de ley. Si no prospera, se fijan los honorarios, gastos del proceso y se asume la competencia del caso.

Etapa rigurosa donde se decretan y ejecutan peritajes técnicos, declaraciones de las partes, testimonios y revisión exhaustiva de evidencias.

El Tribunal dicta su dictamen definitivo en derecho. Esta decisión cierra el litigio de manera definitiva y es de obligatorio cumplimiento.

Sí. Para acudir al arbitraje las partes deben haber pactado previamente una cláusula compromisoria en el contrato o suscribir un compromiso arbitral una vez surgido el conflicto. MASC Caribe cuenta con modelos de cláusula disponibles para descarga.

La ley establece un plazo máximo de seis meses para proferir el laudo, contados desde la audiencia de instalación. En la práctica, la mayoría de casos de mediana complejidad se resuelven en tres a cinco meses, frente a los años que puede tomar la justicia ordinaria.

El laudo arbitral es definitivo y de obligatorio cumplimiento. Solo procede el recurso de anulación ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial por causales taxativamente señaladas en la ley, ninguna de las cuales permite revisar el fondo del asunto.

Se radica la solicitud de intervención ante el Centro aportando el contrato donde consta el acuerdo previo de amigable composición.

El Centro designa al experto sectorial de sus listas oficiales (ingenieros, contadores, especialistas sectoriales) según la naturaleza del conflicto.

El componedor acepta el cargo, analiza los documentos técnicos de la operación y convoca a mesas de trabajo conjuntas para escuchar a las partes.

El experto emite su decisión fundada, resolviendo la diferencia técnica o contractual de manera vinculante con efectos legales de transacción obligatoria.

En el arbitraje, los árbitros actúan como jueces y aplican normas jurídicas. En la amigable composición, el componedor actúa como un experto técnico que decide con base en su conocimiento del sector, sin estar atado estrictamente a las normas legales. Su decisión tiene efectos de contrato de transacción, no de sentencia.

Es especialmente útil en contratos de construcción, ingeniería, tecnología, consultoría o cualquier acuerdo donde la diferencia gire en torno a aspectos técnicos, de calidad, de medición o de interpretación especializada que un juez ordinario no podría evaluar con la misma profundidad.

Sí. Una vez emitida, la determinación del amigable componedor es vinculante para ambas partes y produce los efectos legales de un contrato de transacción, lo que significa que ninguna de las partes puede desconocerla ni iniciar un proceso judicial sobre el mismo asunto.

El presente manual tiene como propósito principal servir de guía integral e informativa sobre la formalización de los acuerdos de apoyo, garantizando la protección del derecho fundamental a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad. Este servicio se fundamenta en los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, integrada al bloque de constitucionalidad, y en la Ley 1996 de 2019.

● El acuerdo de apoyo es un mecanismo de naturaleza formal por medio del cual una persona mayor de edad designa formalmente a una o varias personas naturales mayores de edad o personas jurídicas para que la asistan, faciliten y acompañen en la toma de decisiones relativas a uno o más actos jurídicos determinados.

● Este instrumento materializa el reconocimiento de la presunción de capacidad legal plena, estableciendo que ninguna persona podrá ver restringida su capacidad de ejercicio por motivos de discapacidad.

● Como consecuencia directa de la implementación de esta normativa, quedan absolutamente prohibidos e inaplicables los trámites y solicitudes orientados a iniciar procesos de interdicción o inhabilitación judicial.

Dignidad: Reconocimiento absoluto de la condición humana y respeto intransigible por la dignidad inherente a la persona titular del acto jurídico.

Autonomía: Protección de la potestad de las personas para autodeterminarse, tomar sus propias decisiones, conservar su independencia y desarrollar libremente su personalidad, lo cual incluye de manera expresa el derecho a asumir riesgos y a cometer errores.

Primacía de la Voluntad y Preferencias: Obligación irrestricta de que cualquier asistencia o apoyo otorgado responda de forma fiel y exclusiva a lo que el titular desea, interpretando su trayectoria de vida, gustos, creencias e historia conocida en caso de requerirse.

Imparcialidad y Neutralidad: Deber de los operadores del servicio de actuar sin prevenciones a favor o en contra de las partes, manteniendo una objetividad rectora en todas las fases del trámite.

Idoneidad y Probidad: Compromiso institucional de actuar con absoluta integridad, honradez en el quehacer diario y aptitud técnica comprobada para la gestión de los métodos alternativos de solución de conflictos.

Discreción y Diligencia: Cuidado extremo en la reserva de la información confidencial y observancia de la celeridad y el cuidado debido para evitar dilaciones injustificadas.

Los acuerdos de apoyo celebrados ante el centro pueden versar sobre una amplia gama de actos jurídicos de contenido patrimonial, financiero, contractual, administrativo o personal. Entre ellos se destacan la celebración de contratos de arrendamiento o compraventas, la gestión de trámites bancarios y apertura de cuentas, la solicitud de créditos, la autorización de procedimientos en salud ante entidades prestadoras, y la realización de trámites institucionales o cobros de prestaciones periódicas.

● De conformidad con las disposiciones legales vigentes, ningún acuerdo de apoyo podrá extenderse por un periodo superior a cinco (5) años.

● Transcurrido dicho plazo, las partes involucradas deberán agotar nuevamente el procedimiento formal de revisión y suscripción ante el centro si estiman necesario mantener los apoyos.

● El acuerdo de apoyo se extinguirá anticipadamente por el fallecimiento de la persona titular, el fallecimiento de la persona de apoyo (cuando no existan más apoyos concurrentes), o por la manifestación unilateral de terminación o modificación adoptada por el titular.

● Facilitar la comprensión de actos jurídicos: Explicar al titular, mediante un lenguaje sencillo, lectura fácil, apoyos visuales o formatos accesibles, las consecuencias e implicaciones legales de los documentos y trámites que desea realizar.

● Asistir en los procesos de comunicación: Proveer los medios y canales idóneos (incluyendo ayudas técnicas, lengua de señas colombiana, macrotipos o sistemas alternativos y aumentativos) para que la persona exprese libremente su voluntad y preferencias.

● Acompañar y brindar recomendaciones de buena fe: Estar presente en el desarrollo de los actos jurídicos para respaldar al titular, ofreciendo sugerencias constructivas sin coartar su libertad de elección.

● Interpretar la voluntad en supuestos de imposibilidad absoluta: En aquellos casos excepcionales donde el titular se encuentre absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad por cualquier medio, modo o formato de comunicación posible, el apoyo interpretará la misma basándose rigurosamente en su trayectoria de vida, gustos, creencias y antecedentes.

● Ejercer representación bajo mandato expreso: Actuar en nombre de la persona titular únicamente cuando exista un mandato formal o una cláusula de representación debidamente conferida y ajustada a la ley.

● Garantizar la reserva y discreción: Observar estricta confidencialidad respecto de los datos personales, clínicos, financieros o jurídicos confiados al centro durante el trámite.

● Ejercer influencia indebida o manipulación: Queda tajantemente prohibido usar la agresión, el miedo, las amenazas, el engaño o la presión psicológica para forzar al titular a tomar una determinación que no desea. La influencia indebida invalida el proceso de interacción.

● Sustituir la voluntad del titular: Las personas designadas como apoyo no están autorizadas para tomar decisiones por cuenta propia ni para actuar en contravía de los deseos expresados por el titular. El rol es estrictamente de asistencia y facilitación, nunca de sustitución de la personalidad jurídica.

● Incurrir en conflictos de interés: Asumir o mantener el rol de apoyo cuando existan litigios pendientes, intereses contrapuestos o relaciones de índole personal, familiar o económica que afecten la imparcialidad y objetividad frente a la persona titular.

● Vulnerar el régimen de tarifas y disposiciones internas: Aplicar de forma indebida, omitir o alterar las tarifas de honorarios y gastos administrativos aprobadas y vigentes en el centro, o emplear papelería, sellos y formatos ajenos a los autorizados institucionalmente.

● Pactar vigencias indefinidas: Intentar establecer acuerdos de apoyo por un periodo superior al límite legal establecido de cinco (5) años.

Previo a la autorización y registro del acuerdo de apoyo, el conciliador en derecho adscrito al centro deberá sostener una entrevista por separado con la persona titular del acto, con el fin de constatar de manera directa y fehaciente que el documento refleja fielmente su voluntad, preferencias y que se encuentra libre de cualquier vicio del consentimiento o influencia indebida.

El centro garantiza la disponibilidad permanente de ajustes razonables, adaptaciones físicas, tecnológicas y de comunicación para asegurar que las personas con discapacidad accedan al procedimiento en condiciones de absoluta igualdad, eliminando barreras que generan desigualdades de hecho y evitando imponer cargas desproporcionadas.

● Los servicios de formalización de acuerdos de apoyo y su respectiva gestión administrativa se liquidarán de conformidad con el tarifario oficial adoptado en el reglamento interno institucional.

● De acuerdo con la normativa vigente (Ley 1996 de 2019), las tarifas aplicables para la autorización de estos actos se rigen bajo los parámetros de los actos sin cuantía o indeterminados. El valor específico de la tarifa y los gastos administrativos correspondientes no se fija en este texto general, ya que se encuentra detallado de manera actualizada en el tarifario oficial publicado en nuestra plataforma digital.

● El recaudo de los derechos del servicio debe sujetarse estrictamente a las pautas institucionales; su aplicación incorrecta, cobro indebido u omisión se catalogará como falta sujeta de manera directa al régimen disciplinario y sancionatorio interno del centro.

● Los usuarios que demuestren condiciones de vulnerabilidad o pobreza podrán solicitar la aplicación de las normas de exoneración o gratuidad previstas por la legislación nacional y los protocolos internos.